“Un grupo de juristas, escritores, músicos y artistas han lanzado un manifiesto en defensa de Internet “libre”, que se desmarca a su vez del anterior documento que circulaba en la Red contra los cortes por orden administrativa contemplados en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, al entender que estaba firmado por algunas personas “sólo para oponerse al Gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz”.
Carlos Martínez, jurista, Pascual Serrano, periodista y escritor, Carlos Sánchez Almeida, abogado, Belén Gopegui, novelista, Santiago Alba, escritor, Alex de la Nuez, músico, Mercé Molist, periodista, Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor, Isaac Rosa, escritor, Constantino Bétolo, editor, Carlo Frabetti, escritor y matemático, Rosa Regás, escritora, Irene Amador, antropóloga y Antonio Arco, músico, son los firmantes de este nuevo documento.
En el manifiesto, los participantes justifican esta nueva posición al entender que en el anterior -firmado por miles de internautas y cuyo principal respaldo llegó a través de la mayoría de los ‘bloggers’ que se reunieron con la ministra de Cultura- hay “compañeros de viaje muy incómodos”.
“Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada”, apuntan.
Nuevos modelos de explotación
El nuevo manifiesto apuesta por investigar nuevos modelos de explotación y en el modo de reproducción de las creaciones en el mercado de Internet, ya que “podría suponer un avance para todos”. En este sentido, critican al Ejecutivo porque se desconoce “si tiene algún interés, aunque sea mínimo” en investigar. “Quizá no sea fácil, pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar”, señalan.
Asimismo, denuncian el empleo “superficial” de la palabra ‘democracia’ en este debate. “Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de correlación de fuerzas”.
La SGAE, nacionalizada
Entre las propuestas “audaces” que recogen para cambiar el actual modelo, se encuentra la distribución de cine español subvencionado bajo licencia copyleft o la nacionalización de la SGAE. Así, entienden que la retribución a las entidades de gestión deben dejar de ser una cuestión privada. “Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad”, defiende el texto.
“La evolución de los medios de reproducción abre una oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no. Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina”, afirman. Lea el manifiesto íntegramente en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97500 ”

Un saludo.

si tocasen esa parte estaríamos hablando en otro tono, por supuesto. La garantía judicial sigue allí, por mucho que podamos pensar que al final habrá personas interesadas que emitirán resoluciones ilegales al no ver la libertad de expresión en los sitios que clausuran (no es in ver un futuro utópico ni uno post apocalíptico). He llegado a ver como se decía que esta medida suponía un acercamiento a regímenes totalitarios como el chino…

Y coincido, hay que iniciar un diálogo sobre los límites a los derechos de autor, y sobre las formas de explotación y redistribución del canon compensatorio, y no sobre cancamusas nacidas en las mentes de unos pocos (supongo que sin ninguna mala intención, por supuesto).

Un saludo

“3. En la adopción y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo. En particular, la autorización del secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando ésta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución solo podrá ser decidida por los órganos jurisdiccionales competentes.”

La campaña en marcha existente apunta proritariamente al cierre de blogs y a la libertad de expresión, con expresiones del tipo “Si existe libertad de expresión en la calle también debe existir en Internet” , dado que se trata de “modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet”.

Si hablamos de cánones y modelos anticuados de gestión de derechos de propiedad intelectual, hablemos; pero no de supresiones de libertades como las que la Ley vigente garantiza -amén de la Constitución-, aunque no se diga, al menos de forma explícita.

Saludos.

en primer lugar, agradecer una respuesta tan razonada. En segundo lugar, decir que, tal y como comento en el post, jurídicamente la redacción del anteproyecto es bastante deficiente, preocupándome especialmente el dejar la composición de la sección segunda (al contrario de lo que sucede con la primera) y la regulación del teórico procedimiento a realizar a un reglamento.

En segundo lugar, la cesión de los datos sigue estando amparada por la normativa de conservación de datos (la Directiva europea ya limitaba este tema), y estamos hablando de responsables de prestadores de servicios (teniendo claro además que el usuario no constituye una de estas figuras). La interpretación de este concepto fue la que provocó en su momento que se viera la LSSI como mucho peor de lo que en realidad es, llegando algunos a ver que las obligaciones en ella contenidas se aplicaría a la totalidad de páginas web existentes.

Por otro lado, la respuesta a este anteproyecto me parece totalmente desmedida, y basada en premisas más que discutibles. El manifiesto incluye artículos bastante obvios pero que si los contrastamos con lo que quiere establecer el anteproyecto, quedan alejados del mismo.

Respecto al funcionamiento de la Comisión, en primer lugar recordar que el artículo ya incluye la referencia a la autoridad judicial en el caso de entrar en conflicto con una serie de derechos. La parte que se ha criticado es que sea este órgano el que decida si es o no competente directamente. Personalmente creo que debería dejarse claro en el texto que lo que le corresponda a esta Comisión sea más la legitimación para iniciar un procedimiento ante las autoridades judiciales competentes que una autotutela ejecutiva directa (sin que vea tampoco mal que sea un órgano administrativo el que se encargue de ello, siempre que se garantice su objetividad y profesionalidad, no con determinadas composiciones). Pensáis que actuará de forma desmedida? Bueno, en otros casos de ejecución directa por la Administración ya se va con pies de plomo por la posible responsabilidad en que puedan incurrir, no digamos ya si entra en juego el derecho a la libertad de expresión e información…

Y el canon? Por qué nos ponemos a hablar ahora del canon? Pues ya puestos podemos hacerlo, pero no en los términos que algunos están haciendo. Hay que cambiarlo? Rotundamente sí, en mi opinión está anticuado y hace tiempo que ya no realiza la función para la cual fue establecido.

Es por esta razón y no otra que yo personalmente no puedo apoyar el manifiesto, pese a entender que debe mejorarse la redacción y regulación del tema (aún así muy alejado de la muerte de los derechos fundamentales y del establecimiento de un régimen tiránico como puede ser el de China). Cuánta gente ha apoyado el manifiesto pensando que el anteproyecto lo que busca es terminar con el P2P como tecnología? Cuántos siguen pensando que se les va a cortar la conexión? Muchísimos, y esa es la pena, que el movimiento no sepa por qué está actuando. Por los derechos fundamentales sí, pero no hablemos de la separación de poderes y similares cuando es algo que ya existe.

Un saludo

La primera es para contextualizar el texto al que se refiere el artículo, conviene recordar que es el tercero de esas características que el Gobierno ha intentado introducir en distintas leyes, hasta ahora sin éxito. El primero fue durante la tramitación de la LISI, articulo el artículo 17 bis, que fue retirado por dos veces consecutivas y una semana después de su expulsión definitiva volvieron a intentar introducir con el “Anteproyecto de ley sobre procedimiento de notificación de presuntas infracciones de derechos de propiedad intelectual a través de los prestadores de acceso a Internet”., que también tuvo que ser retirado tras el ridículo del Ministro Montilla negando desde Barcelona lo que se afirmaba desde su Ministerio: ambos proyectos pretendían introducir en el Ordenamiento Jurídico, un procedimiento de notificación y retirada para retirar contenidos de la red sin control judicial alguno. La presión de la red impidió en aquel momento que progresaran esas ideas liberticidas

Ahora de nuevo vuelven con más de lo mismo, pero por el momento solo han conseguido hacer el ridículo: mintiendo, pues dicen cosas que no dice la Ley y, desdiciéndose y desautorizándose varias veces al día. Es rigurosamente falso que la Ley no permite la desconexión de particulares, y lo mas grave para saber si una persona se baja material protegido sus comunicaciones tienen que ser espiadas, lo que atenta al articulo 18.3 de la Constitución, Zapatero dice que no se cerraran páginas Web, pero la Ley y hasta ese mismo momento la Ministra dice lo contrario. La Ley obliga a las operadoras de telefonía a entregar a ese nuevo órgano la identificación de las conexiones, con estos datos podrán cortarles la conexión o con la ayuda de Sitel saber todo lo que se han descargado durante un año y plantearles una demanda de responsabilidad civil millonaria ( modelo Usa, y con lo que le gusta a Zapatero imitar a Obama probablemente este pensando en eso).

En los dos primeros casos la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, a la que Sinde calificó de “comisión independiente compuesta por expertos”, tras un breve y rápido procedimiento en el que serás oído te cerraran la pagina, te desconectaran… Eso si, tu derecho de acceso a los Tribunales no te lo niega nadie: podrás recurrir, gastándote el dinero en abogados y procuradores y esperar cuatro años hasta que resuelvan en primera instancia.

Todos los expertos jurídicos que he podido consultar coinciden en calificar los tres textos cómo jurídicamente deficientes, con lo que dejan puertas falsas para la interpretación, pero que responden en lo fundamental, a la hoja de ruta marcada por la Coalición de Creadores, y no es otra que dar potestad a la autoridad competente, en este caso la Comisión citada, para saltarse el control judicial, que no hay que olvidar. es el que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos que la Constitución de 1978 establece.

Es posible, de hecho a la Coalición así lo considera, que este punto sea un matiz de índole jurídico, incluso técnico, sin la menor importancia, aunque lleven desde el año 2.000, fecha en la que comenzó a debatirse la LSSI, tratando de introducirlo, curiosamente siempre por la puerta trasera. La Asociación de Internautas no opina igual y fue, es y será inflexible en la defensa de los derechos fundamentales, y su prevalencia sobre los derechos de autor, que aún legítimos, no dejan de ser simplemente corporativos.

Así las cosas a nadie tiene que extrañar que consideremos que este debate más que una polémica jurídica se haya convertido en una batalla por la defensa de las libertades civiles, que trasciende de Internet y afecta la ciudadanía toda.

Pido disculpas por la extensión del post.

Al igual que toda decisión administrativa, deberá existir un procedimiento administrativo detrás, no únicamente una decisión arbitraria (que constituiría un vicio en el caso de darse) y no estamos hablando de simples notices and take downs de youtube como alguno ha mencionado anteriormente. La decisión de la medida dependerá de muchas cosas, pero existirá una valoración (debemos recordar la necesidad de la proporcionalidad de la medida tomada, la tipicidad, etc…) dado que veo demasiadas veces la mención de “incluso si no hay pruebas”. No, en este caso no se tomaría medida alguna.

Dónde podemos encontrar un problema? En que no nos fiemos de que la Administración lo hará bien, o que no nos convenza que se introduzca la vulneración de la Propiedad Intelectual entre los supuestos para este tipo de medidas igualándolo así a supuestos que son bastante más graves así como el lugar donde se ha introducido esta medida(en este último caso estoy yo, por ejemplo). Es por esta razón que no puedo coincidir con el texto legal propuesto, sin pensar por ello que resulte la máxima afrenta jamás realizada a los derechos de nadie.

Eso sí, no estar de acuerdo con estos términos no implica dar por ciertos factores como los que un sector está afirmando (no es un “conmigo o contra mí”) y tal vez se debería discutir más cómo solucionar esto que no simplemente crear un texto a base de decir cosas que el texto no dice.

Un saludo

Sin irnos más lejos, por ejemplo cuando en youtube se cierran cuentas que supuestamente inflinguen los derechos de autor, para que luego se sepa que el video lo colgo la persona que efectivamente era dueña del video.

Tampoco olvidemos que hay muchos periodos en los que se ha actuado de la misma forma, en la inquisición, y en el franquismo. Aunque bueno, sin ser tan extremista, en muchos casos actuales se pasa por encima la presunción de inocencia, pero no por eso debe ser algo permitido.

Ya existen leyes de sobra para proteger los intereses de los intermediarios culturales, existen y funcionan, ésto solo es una forma de dar a los intermediarios culturales una herramienta para saltarse la ley a su conveniencia.